PUNTOS DESTACADOS:
- Por un estrecho margen de votación, el Senado aprobó la moción a la Ley de Poderes de Guerra, que requeriría al presidente estadounidense pedir la autorización del Congreso para continuar las acciones militares en Venezuela.
- El presidente argentino Javier Milei celebró la detención de Maduro y pidió mayor presión internacional para garantizar elecciones libres en Venezuela.
- El presidente chileno Gabriel Boric expresó preocupación por la falta de garantías democráticas en Venezuela y por la legalidad de la operación estadounidense.
La tensión política en América Latina alcanzó un nuevo nivel cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense en Caracas el pasado sábado.
Trump no descartó una eventual operación militar liderada por su país y vinculó la situación colombiana con el narcotráfico y la seguridad regional.
La llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro se produce en medio de una escalada verbal y marcó el rumbo de las manifestaciones convocadas por Petro en defensa de la “soberanía” frente a las advertencias de Washington.
Mientras tanto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente", un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.
En contraste, México emerge como actor relevante en el suministro energético regional. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “con la situación actual de Venezuela, México se vuelve un proveedor importante” de crudo hacia Cuba.
Mientras, las reacciones en otras capitales latinoamericanas muestran la fractura regional. En La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció la operación como un “acto de agresión imperialista” y convocó marchas en defensa del chavismo.
Al mismo tiempo, otros gobiernos adoptaron posturas más cautelosas.
En Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva condenó la operación como una violación de la soberanía venezolana, pero insistió en la necesidad de una salida negociada y competitiva.
En Santiago, Gabriel Boric expresó preocupación por la falta de garantías democráticas en Venezuela y por la legalidad de la operación estadounidense; mientras Uruguay reiteró que la crisis afecta la credibilidad regional en materia de derechos humanos.
En contraste, en Buenos Aires, el presidente Javier Milei celebró la detención como “el fin de una dictadura criminal” y pidió mayor presión internacional para garantizar elecciones libres en Venezuela.
En paralelo, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución 52 a favor, 47 en contra que limita los poderes de guerra del presidente y exige autorización legislativa para futuras acciones en Venezuela.
El Senado estadounidense dio el jueves un paso importante para la aprobación de una resolución para frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, una rara reprimenda bipartidista que llega tras la captura del líder Nicolás Maduro.
La legislación impulsada por los demócratas, que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso, superó una votación procesal clave con el apoyo de cinco republicanos.
La votación final, prevista para la próxima semana, se considera ahora poco más que una formalidad.
Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana, aunque corta, es más proclive a seguir los intereses de la Casa Blanca.
Mientras tanto en el país sudamericano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció que se liberará a un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia.
Tras la captura de Nicolás Maduro, la crisis venezolana escaló al terreno internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió el operativo estadounidense sin lograr una resolución vinculante, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una declaración dividida que refleja la fractura política del continente.
