Nicaragua celebrará el domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Casi tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi asegurado otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama "copresidenta". Ambos están a la cabeza del ex grupo guerrillero de izquierdas Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Entre la población no hay muchas esperanzas de que el escenario electoral de un vuelco sorpresivo. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
Puntos destacados:
- El domingo 7 de noviembre los nicaragüenses acudirán a las urnas para elegir nuevo presidente y 90 nuevos diputados.
- Daniel Ortega, el actual presidente, podría volver a ser reelegido tras 14 años en el poder.
- Los candidatos opositores que intentaron presentarse a las elecciones fueron encarcelados, perseguidos o tuvieron que exiliarse ante la presión del gobierno de Ortega.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes.
Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar para elegir al nuevo presidente y a 90 diputados.
Según un sondeo de Cid-Gallup, el 65 por ciento habría votado por un opositor y el 19 por ciento por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7 por ciento votará por el gobernante FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.
Los políticos detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, "traición a la patria" o "lavado de dinero", conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Más de 100.000 nicaragüenses se han exiliado en los últimos años, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino "golpistas" patrocinados por Washington.
Posibles sanciones para el gobierno de Ortega y Murillo
Los últimos arrestos contra opositores políticos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), quienes sancionaron a familiares y allegados de Ortega, pero también con gobiernos progresistas como México y Argentina.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley "Renacer", un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones "libres".
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que las elecciones serán "ilegítimas" y según la CIDH solo buscan "la perpetuación en el poder en forma indefinida".
Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de "injerencia".
El gobierno de Ortega asegura que con "paz" llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6 por ciento este año y pretende convocar un diálogo tras los comicios.
Daniel Ortega, es un exguerrillero que había gobernado en los años 80 tras ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Sus opositores lo acusan de convertirse en lo mismo, mientras él llama a su gobierno "Pueblo-presidente".
Mientras el gobierno multiplica la inauguración de puentes y carreteras, la oposición, desde el exilio, descabezada y fragmentada, pide a los nicaragüenses "quedarse en casa". En San José, Miami, Madrid y otras ciudades harán protestas el domingo.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, ha declarado en entrevista con SBS Spanish que existe una "represión de opositores" y que las elecciones "no son legítimas".
Decenas de periodistas nicaragüenses que trabajan desde Costa Rica, además de varios medios internacionales, denunciaron que les negaron el ingreso al país.
Más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las 13H00 GMT y cerrarán 11 horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo "acompañantes invitados". El resultado se sabrá la misma noche.
Escucha la entrevista de SBS Spanish con la presidenta del CENIDH, Vilma Nuñez, presionando en el ícono en la imagen principal.
