El primer ministro planea presentar el proyecto cuando se reanude la actividad parlamentaria a finales de agosto
El gobierno de Malcolm Turnbull se está preparando para introducir una nueva legislación que le permita mantener en la cárcel, por tiempo indefinido, a terroristas considerados de alto riesgo o que aún puedan ser un peligro para la comunidad, a pesar de que ya hayan terminado su condena en prisión.
La decisión sigue a una carta enviada por Turnbull a los gobernadores de estados y territorios ayer domingo, para informarles sobre los planes con temas que tiene que enfrentar urgentemente, en el contexto de los recientes ataques en Orlando y en Niza, y cuando aún se investigan los sucedidos en Alemania.
Ya había un acuerdo sobre estas nuevas normativas en abril. La idea es tratar a las personas condenadas por terrorismo igual que a los pederastas y criminales extremadamente violentos, quienes en muchos casos pueden ser encarcelados indefinidamente como una medida puramente preventiva.
"Si una persona, después de cumplir su sentencia por un delito grave muestra una clara indicación de que desea repetir ese crimen tan pronto como sea dejado en libertad, debe permanecer tras las rejas”, dice el Fiscal General George Brandis.
La decisión ha generado preocupación por parte de algunos sectores expertos en leyes, que piensan que se deben establecer parámetros muy estrictos respecto a cuándo una persona es considerada de "alto riesgo".
La presidenta electa del Consejo de Leyes de Australia, Fiona Mc Leod, en Abril había expresado la importancia de que en las decisiones para un periodo extendido de detención contra alguien, se involucrara un juez.
Sin embargo, enfatizaba en que si el juez estaba actuando sobre la base de la información dada por las agencias del gobierno, era necesario establecer un mecanismo de revisión, tan pronto como fuera posible.
Por su parte, el profesor de leyes de la universidad de Nueva Gales del Sur, George Williams, dice que una detención post-sentencia sólo puede ser justificada en casos de riesgo al público, pero necesita ser estrictamente analizada, y determinada sólo para casos en los que el riesgo a la comunidad sea real, no una percepción vaga de una amenaza.
