Puntos destacados:
- La audiencia debatió si los delitos deben calificarse como secuestro agravado o crímenes de lesa humanidad, una distinción clave para que la extradición proceda.
- Las familias de las víctimas pidieron garantías al gobierno de Kast de que Chile mantendría su compromiso con el proceso de extradición, ante el temor de un retroceso político.
- Rivas, de 73 años, lleva desde 2019 presentando recursos judiciales, todos rechazados. Sus opciones legales se agotan.
Adriana Rivas trata de nuevo de evitar su entrega a Chile para enfrentar cargos por crímenes supuestamente cometidos durante la dictadura de Pinochet.
La audiencia, celebrada ante el juez Michael Lee, estuvo marcada por debates técnicos sobre la calificación jurídica de los delitos y por momentos de desorganización que obligaron al magistrado a suspender la sesión en dos ocasiones para que los abogados pusieran en orden la documentación.
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Rivas está acusada del secuestro agravado de siete personas durante el tiempo que fue agente de la DINA, la policía de Pinochet – acusaciones que ella niega.
Para que la extradición proceda, ambos países deben reconocer el hecho como delito, un principio jurídico conocido como doble criminalidad y el punto central del debate fue si se cumple o no este principio.
El gobierno australiano sostiene que se cumplen todos los requisitos legales para la extradición.
El equipo legal de Rivas, en cambio, argumenta que la solicitud tiene un error de base y que la caracterización del delito es incorrecta.
El abogado de Rivas, Barron Lea, advirtió ante el juez que, aunque la solicitud de extradición identifica formalmente el secuestro agravado como delito, el riesgo real es otro: "Incluso si al identificar el secuestro agravado en la solicitud de extradición, existe el riesgo de que la solicitante sea juzgada y procesada por crímenes de lesa humanidad", alegó.
Lo que podría tener consecuencias legales distintas, ya que, según argumentó Lea, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no admiten ciertos beneficios procesales que sí existen para otros delitos.
El juez Lee lo describió la alegación de Rivas como "un proceso de caracterización más que de disposiciones normativas" y describió la estrategia de la defensa de "innecesariamente confusa".
Trent Glover, abogado que representa al Gobierno de Chile aseguró que las garantías procesales eras claras ya que "si la señora Rivas es devuelta, entregada a Chile, no puede existir ningún cargo por crímenes de lesa humanidad", aseguró Glover. "Chile ha dejado muy claro, con considerable detalle, que la señora Rivas será procesada por esos siete cargos de secuestro agravado."
Ambas partes presentaron informes periciales. La defensa de Rivas aportó el análisis del abogado penalista chileno David Ignacio Guzmán Silva.
El gobierno presentó el informe de la doctora Anita Ferrara, especialista en justicia transicional y en el funcionamiento del sistema legal chileno desde el retorno a la democracia.
El abogado de Rivas intentó bloquear el informe de Ferrara, argumentando que ella “no es abogada ni académica en derecho chileno”.
El juez Lee rechazó los argumentos y dijo que su “conocimiento profundo del sistema legal chileno es suficiente para que su opinión sea considerada”.
Un largo camino de apelaciones
Este caso de Adriana Rivas lleva arrastrándose por años, desde la solicitud de extradición de Chile en 2014 y la detención de Rivas en 2019.
Tras varios procesos fallidos de apelación, la orden de extradición fue dictada en agosto 2024. Desde entonces, los abogados de Rivas han intentado frenarlo por múltiples vías: apelaciones judiciales, argumentos humanitarios como problemas de salud, cuestionamientos a las garantías del sistema judicial chileno, y denuncias de motivaciones políticas detrás del proceso. Todos esos intentos han sido rechazados por distintos jueces.
El último intento fallido de apelar fue en julio de 2025, cuando la jueza Erin Longbottom rechazó las alegaciones de Rivas de que existían inconsistencias e injusticias en la negativa del gobierno a entregarles ciertos documentos en los que se basó la decisión de extraditarla.
El gobierno invocó el privilegio profesional legal para no revelarlos. La jueza Longbottom respaldó esa postura y confirmó que no existía ninguna irregularidad.
"Una suerte de revictimización"
Desde Chile, Alberto Espinoza, abogado de la familia de Víctor Díaz, exsecretario del partido comunista y una de las víctimas por cuya desaparición Rivas está acusada, dijo a SBS Spanish que sigue el proceso con expectativa, pero también con preocupación.
"Esto genera, por un lado, la esperanza y la expectativa en que la verdad y la justicia pueda concretarse a través de este proceso de extradición", señaló Espinoza, aunque advirtió que la situación también implica "una suerte de revictimización" para las familias, que llevan décadas esperando que se haga justicia.
Espinoza explicó que Rivas no es solo una figura administrativa dentro de la DINA: "Fue secretaria de Manuel Contreras (jefe de la DINA), pero no solamente secretaria administrativa, sino que además fue agente operativa de este organismo represivo", añadió.
El temor al nuevo gobierno chileno
Uno de los aspectos que más preocupa a los familiares de las víctimas es el cambio político en Chile. Tras la llegada a la presidencia de José Antonio Kast, mandatario de extrema derecha, los representantes de las familias solicitaron una reunión con la Cancillería chilena para confirmar que el nuevo gobierno mantendría su compromiso con el proceso de extradición. "Teníamos la inquietud de que este gobierno pudiera dejar de lado este proceso", explicó Espinoza.
La jefa del departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores les confirmó que "este era un problema de Estado" y que Chile mantendría su posición, relató el abogado. Sin embargo, Espinoza aclaró que "igual mantenemos la inquietud frente a este nuevo escenario político".
A esa incertidumbre se suma la aprobación en el Senado chileno de un proyecto de ley que permitiría el cumplimiento domiciliario de penas para personas mayores o con enfermedades graves, lo que podría beneficiar a exagentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad.
Para Espinosa, se trata de "una ley de impunidad" que "no debiera prosperar en los términos en que está redactada".
¿Qué le queda a Rivas?
Rivas, de 73 años, se declara inocente de todos los cargos.
Aún tiene la posibilidad de apelar ante un panel de tres jueces federales y, de no prosperar, recurrir al tribunal federal en pleno. Llevar el caso hasta el Tribunal Supremo es una opción más remota, dado que anteriormente abandonó ese camino.
Espinoza, por su parte, confía en el resultado: "Esperemos confiados en que el juez Lee, una vez más, ratifique su decisión en orden a extraditar a Adriana Rivas."
La audiencia ante el juez Lee continúa el martes 31 de marzo.
