Alivio y frustración de familiares de víctimas tras nuevo rechazo en Australia a apelación de Rivas

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Imágenes de las víctimas del caso donde Adriana Rivas está acusada, colocadas frente a la Corte de Nueva Gales del Sur, Sídney.

La justicia australiana ha rechazado otro recurso presentado por Adriana Rivas, exagente de la DINA acusada de crímenes de lesa humanidad en Chile. La decisión acerca su posible extradición, mientras familiares de víctimas expresan satisfacción, pero también frustración por los años de dilaciones judiciales. “Nos sentimos un poco solos”, afirma María Luisa Ortiz, hija de uno de los desaparecidos.


Puntos Destacados:
  • La jueza Erin Longbottom denegó el permiso de apelación solicitado por la defensa de Adriana Rivas.
  • La defensa pedía acceso completo a documentos usados por el fiscal general para autorizar su extradición, pero la corte consideró que no había base legal suficiente.
  • Rivas, de 72 años, trabajó para la DINA durante la dictadura de Pinochet y es acusada de secuestro y tortura de siete opositores en 1976.
  • María Luisa Ortiz, hija de una de las víctimas, expresó que “la justicia es demasiado lenta” y criticó el escaso apoyo social: “Hoy somos los familiares quienes seguimos luchando”.
La justicia australiana ha rechazado otro intento legal de Adriana Rivas, exagente de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, para frenar su extradición a Chile, donde enfrenta acusaciones de secuestro y tortura de siete opositores políticos en 1976.

La jueza Erin Longbottom denegó el viernes el permiso para apelar un fallo anterior del juez Michael Lee que negó acceso a documentos confidenciales utilizados por el fiscal general para autorizar su entrega a Chile el 28 de agosto.
El gobierno y la fiscalía niegan este acceso por considerarlo “privilegio profesional legal”, pero los abogados de Rivas argumentan que hay inconsistencias y una “injusticia” en la negación de los documentos, y sostienen que el contenido completo podría contener fundamentos legales para detener la extradición, unos argumentos que la fiscalía califica como “especulaciones sin base legal”.

La jueza Longbotton afirmó en el veredicto entregado por escrito, que apoya la negativa a apelar dictada por el juez Lee, y confirmó que “no existía ninguna inconsistencia ni injusticia” al negarle a Rivas el acceso a esos documentos.

La defensa de Rivas aún puede presentar una apelación ante un pleno de tres jueces federales.

Rivas, de 72 años, niega los cargos y permanece detenida en Sídney desde febrero de 2019. Trabajó para la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y es señalada como parte de la Brigada Lautaro, que operaba en el cuartel Simón Bolívar, considerado un centro de exterminio durante la dictadura.

Preocupación e incertidumbre entre los familiares de las víctimas

Desde Santiago de Chile, María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz —uno de los siete desaparecidos del caso por el que se acusa a Rivas— expresó a SBS Spanish el alivio por esta resolución, pero también la frustración que sienten los familiares tras años de batalla judicial.
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Fernando Ortiz with Estela and Luisa Ortiz, date unknown. (ABC News)
“Para nosotros fue muy satisfactorio, pero también nos genera preocupación e incertidumbre. Cada vez que se rechaza un recurso, ella vuelve a apelar y eso dilata la posibilidad de que enfrente la justicia en Chile. Han pasado casi 50 años desde la desaparición de nuestros seres queridos. El tiempo de la justicia es demasiado largo”, dijo Ortiz, quien también dirige las colecciones del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago.

Más allá del proceso judicial, Ortiz enfatizó el sentimiento de soledad que enfrentan los familiares de las víctimas.

“¿Dónde están los gremios a los que pertenecieron nuestros familiares? Reinalda Pereira era tecnóloga médica. ¿Dónde están los tecnólogos médicos exigiendo justicia? ¿Dónde están los profesores de la Universidad de Chile demandando la extradición de Rivas? Nos sentimos un poco solos. Hoy somos los familiares, algunos abogados, y algunos amigos quienes seguimos insistiendo. Pero esto no es solo un problema nuestro. La justicia es responsabilidad de toda la sociedad”, afirmó.
Nos sentimos un poco solos. Hoy somos los familiares, algunos abogados, y algunos amigos quienes seguimos insistiendo. Pero esto no es solo un problema nuestro. La justicia es responsabilidad de toda la sociedad.
Maria Luisa Ortiz.
La activista también llamó la atención sobre las redes de apoyo de las que, según ella, Rivas ha contado desde su fuga de Chile. “Sabemos que estos procesos son costosos. Nos gustaría saber quién la está apoyando. No pudo salir del país sola, ni mantenerse tantos años en procesos judiciales sin respaldo. Es importante conocer eso.”

Ortiz subrayó la importancia de que Rivas sea extraditada no solo para enfrentar a la justicia, sino también para avanzar en la verdad.
Grupo de apoyo a los familiares de desaparecidos en Chile
Un grupo de apoyo a los familiares de desaparecidos en Chile, se personó en la corte en el día de la audiencia por la extradición de Adriana Rivas. 16 jun 2020. Source: Supplied
“Ella puede aportar mucha información sobre lo que ocurrió en ese cuartel de exterminio. Sabía quiénes estaban, qué hacían con ellos, y probablemente también dónde fueron enterrados o hechos desaparecer. Su testimonio podría ayudar a saber el destino final de los otros seis detenidos”, señaló.

Según datos oficiales, de las 1.469 personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, solo 307 han sido halladas e identificadas. Aunque valoró la iniciativa del presidente Gabriel Boric de reactivar la búsqueda como política pública, Ortiz advirtió que, sin romper los pactos de silencio, será difícil avanzar.
Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas.
Maria Luisa Ortiz
“Seguimos topándonos con la impunidad biológica. Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas.”

Adriana Rivas fue declarada extraditable por un juez de Sídney en 2020. Desde entonces, ha presentado múltiples apelaciones, todas desestimadas.

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