El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que su gobierno espíe a periodistas y defensores de los derechos humanos mediante un software israelí que sería utilizado por el Ejército mexicano. Escucha el informe del corresponsal de SBS Spanish en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.
Sinopsis
Una investigación periodística colectiva reveló que en 2019 el Ejército mexicano compró el software israelí Pegasus para espiar de manera ilegal por lo menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos que estaban investigando presuntas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas.
La pesquisa detalla que entre los espiados figuran un periodista del portal Animal Político, cuyo nombre no se ha revelado por seguridad, el periodista Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. Sus equipos fueron sometidos a un análisis forense por parte de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que ratificó que estaban intervenidos.
La indagación periodística contradice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que durante su Gobierno no se realiza este tipo de intervenciones.
El año pasado, otra investigación de medios a nivel internacional reveló que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto gastó millones de dólares de recursos públicos para comprar el software Pegasus, con el que fueron intervenidos de manera ilegal por lo menos 15.000 teléfonos celulares, entre ellos los del propio López Obrador y su familia, además de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Durante casi 12 años el actual presidente López Obrador hizo campaña electoral con la bandera de “regresar al Ejército a sus cuarteles”, después de que el expresidente Felipe Calderón iniciara con la militarización de la seguridad pública.
Pero desde 2018, cuando ganó la presidencia, López Obrador ha hecho lo contrario. Las Fuerzas Armadas se ocupan cada vez de más tareas que previamente estaban a cargo de civiles como la seguridad pública y, en las últimas semanas, ha impulsado una reforma a la Constitución para que no regresen a sus cuarteles hasta 2028, cuatro años después de lo que él mismo planteó y el Congreso aprobó al inicio de su administración.
