Puntos Destacados:
- ONGs estiman que el domingo, solo 17 personas habían sido liberadas, cerca del dos por ciento del total de presos políticos documentados.
- El Gobierno no ha informado cifras oficiales ni plazos sobre el proceso de excarcelación.
- Persisten denuncias sobre desapariciones temporales, falta de acceso a la defensa legal y muertes bajo custodia del Estado.
El Gobierno de Venezuela anunció recientemente la liberación de un “número significativo” de presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos en el país, una decisión que fue presentada por las autoridades como un paso hacia la distensión política.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó en un mensaje televisado que estos procesos de excarcelación estaban en marcha y los definió como “un gesto de amplia intención de búsqueda de la paz”.
Pese al anuncio, hasta ahora no se han publicado cifras oficiales sobre el número total de personas liberadas ni un cronograma claro del proceso. Esta falta de información ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos, que aseguran que las excarcelaciones se están realizando en un número reducido.
Según datos recopilados por ONG como Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones, apenas 17 personas habrían sido liberadas hasta el momento, lo que representa alrededor del dos por ciento de los más de 800 detenidos por motivos políticos que estas organizaciones tienen documentados.
Entre los primeros excarcelados figuran el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente opositor Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora María Corina Machado. También se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, incluida la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, quienes ya se encuentran en España.
“No están soltando a los presos políticos y estamos pidiendo que sean todos, que no se usen como fichas de cambio”, afirmó a SBS Spanish la abogada y activista de Vente Venezuela, María Jesús Reimi, desde Caracas.
De acuerdo con expertos y defensores de derechos humanos, muchas de las personas detenidas por razones políticas enfrentan cargos sin el debido proceso judicial en torno a terrorismo, traición a la patria, conspiración o incitación al odio.
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El corresponsal de SBS Spanish en Caracas, Eugenio Martínez, explicó que “la constante es la desaparición forzada”, señalando que en numerosos casos pasan semanas o meses sin que se conozca el lugar de reclusión de los detenidos, ni se les permita elegir defensa legal privada.
Uno de los centros de detención más mencionados en los informes recientes es El Helicoide, en Caracas, señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un lugar donde se han denunciado tratos crueles y torturas. Martínez explica que se trata de un sitio “emblemático” en el que suelen recluirse a presos políticos de alto perfil, en un contexto que diversas ONG califican de preocupante.
Las protestas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 dejaron al menos 28 personas fallecidas y más de 2.400 detenidas, de las cuales unas 2.000 fueron excarceladas meses después bajo medidas cautelares. Paralelamente, las ONG recuerdan que entre 18 y 25 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde 2014, y denuncian la falta de investigaciones independientes en estos casos.
Un de los casos recientes es el funcionario de policía Torres Fernández, con más de 20 años de servicio, quien murió el sábado bajo custodia estatal, informaron la fiscalía, la oposición y oenegés de derechos humanos.
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El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos informó que "fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado".
Indicó que "se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir".
Mientras familiares de detenidos se concentran de forma discreta en las cercanías de algunos centros de reclusión, persiste un clima de temor, acentuado tras la declaración oficial del llamado “estado de conmoción”, que restringe las manifestaciones públicas y limita la expresión en las calles, salvo en actos de apoyo al mandatario depuesto Nicolás Maduro.
A la espera de nuevas excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos reiteran su llamado a que el proceso sea transparente, amplio y acompañado de garantías judiciales.
Con información adicional de AFP.
