Puntos destacados:
- Costa Rica celebra comicios presidenciales en un contexto de creciente inseguridad, fragmentación política y fuerte atención internacional, pese a su larga tradición democrática.
- La candidata oficialista Laura Fernández lidera las encuestas con un discurso de endurecimiento contra el crimen, inspirado en el modelo de Nayib Bukele, lo que genera apoyos y fuertes críticas.
- El país enfrenta la elección entre preservar su modelo institucional y de derechos humanos o avanzar hacia medidas excepcionales frente al aumento récord de la violencia.
Sinopsis:
Costa Rica se encamina hacia unas elecciones presidenciales que concentran la atención regional e internacional por el contraste entre su histórica estabilidad democrática y el avance de la inseguridad. Este domingo, más de 3 millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir presidente entre una veintena de candidatos, en un escenario marcado por la fragmentación política y un discurso de mano dura que gana terreno.
Laura Fernández, politóloga de 39 años y candidata oficialista conservadora, lidera las encuestas con alrededor del 40 por ciento de la intención de voto, el umbral necesario para ganar en primera vuelta. Sin embargo, el alto nivel de indecisos mantiene abierta la posibilidad de un balotaje.
Las autoridades costarricenses atribuyen el fenómeno de la inseguridad a causas estructurales como el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como corredor hacia Estados Unidos y Europa; la disputa entre bandas criminales, el aumento del uso de armas de fuego y la saturación del sistema judicial y penitenciario.
Sobre ese escenario, Laura Fernández ha construido su principal propuesta: políticas de mano dura contra el crimen, incluyendo la posibilidad de un estado de excepción.
La candidata ha expresado admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo modelo redujo drásticamente los homicidios, pero ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos.
En su campaña, la candidata Fernández ha utilizado tonos azules y turquesa, asociados en la región con orden y modernidad, similares al estilo visual empleado por el presidente Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas en El Salvador.
La candidata también ha buscado proyectar una imagen de liderazgo moderno y global. Durante la campaña invitó públicamente al empresario Elon Musk a colaborar con su eventual gobierno, en un gesto orientado a atraer inversión tecnológica y visibilidad internacional.
El debate ocurre en un país con una trayectoria excepcional en América Latina. Costa Rica abolió su Ejército en 1948, mantiene elecciones ininterrumpidas desde hace más de siete décadas, es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y suele figurar entre las democracias mejor evaluadas de la región en índices internacionales de libertades civiles.
Ese capital institucional contrasta con la principal preocupación ciudadana: la inseguridad. Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial. La tasa alcanzó 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los niveles más altos de su historia reciente y muy superior al registrado hace una década.
El candidato presidencial del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, cuestiona la propuesta oficialista y las reacciones están divididas. Sectores empresariales y parte de la clase media respaldan la mano dura como respuesta urgente ante la violencia y su impacto en la economía y el turismo.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y académicos advierten que un estado de excepción podría traducirse en restricciones a libertades fundamentales.
El concepto de “dictadura” se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación en la actual campaña electoral de Costa Rica.
La elección de este domingo trasciende la disputa partidaria. Para observadores internacionales, Costa Rica se ha convertido en un caso de estudio regional: una democracia sin ejército y con fuerte tradición de derechos humanos que enfrenta la disyuntiva entre preservar su modelo institucional o adoptar respuestas más duras frente a la violencia.
