PUNTOS DESTACADOS:
- La victoria en la presidencia del partido Pueblo Soberano y su mayoría relativa en el Congreso abren una nueva etapa marcada por promesas de mano dura.
- La presidenta derechista Laura Fernández gobernará un país que se debate entre seguridad y preservación democrática.
- El partido Pueblo Soberano se convirtió en la principal fuerza del Congreso con 30 de los 57 diputados.
Costa Rica amaneció con un giro político relevante. La derechista Laura Fernández ganó la presidencia en primera vuelta con cerca del 48,5 por ciento de los votos, capitalizando el temor ciudadano frente al avance de la violencia y el desgaste de los partidos tradicionales.
En paralelo, su partido Pueblo Soberano se convirtió en la principal fuerza del Congreso con 30 de los 57 diputados, una mayoría relativa que le garantiza control de la agenda legislativa, pero que no alcanzó la meta oficialista de 40 escaños, considerada clave para impulsar reformas constitucionales profundas sin negociación.
El telón de fondo de esta elección es una crisis de violencia inédita en Costa Rica. En 2025, el país cerró con 873 homicidios dolosos, una tasa cercana a 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, impulsada principalmente por disputas entre bandas ligadas al narcotráfico.
Las provincias de San José, Limón y Puntarenas concentraron los mayores niveles de criminalidad, y el fenómeno golpea sobre todo a hombres jóvenes, según datos del Organismo de Investigación Judicial.
Durante la campaña, el oficialismo sostuvo que, de haber alcanzado 40 diputados, habría impulsado una reforma constitucional amplia, con cambios en el sistema de justicia, mayores facultades para las fuerzas de seguridad, reformas al régimen penitenciario y una revisión del diseño institucional del Estado y, de forma particularmente sensible, la habilitación de la reelección presidencial inmediata, actualmente prohibida en Costa Rica.
El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, criticó la identificación de la presidenta electa con el salvadoreño Nayib Bukele.
La nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica refleja una fragmentación política clara. El partido oficialista Pueblo Soberano, lidera con 30 curules con énfasis en mano dura y liberalismo económico. El socialdemócrata partido Liberación Nacional, se consolida como segunda fuerza con alrededor de 18 diputados. El resto del Congreso queda en manos del izquierdista Frente Amplio, el centroderechista Partido Unidad Social Cristiana, y otras fuerzas minoritarias, que en conjunto suman nueve escaños y se convierten en árbitros clave de cualquier negociación.
Desde la oposición, los mensajes tras la derrota combinaron reconocimiento del resultado y advertencias institucionales. El excandidato del partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, afirmó que su bancada no bloqueará por sistema, pero tampoco avalará iniciativas que pongan en riesgo el Estado de derecho.
En las calles de Costa Rica, la reacción fue diversa. En sectores populares, hubo expresiones de alivio y expectativa ante la promesa de mayor control del crimen. En el centro de San José y en campus universitarios, colectivos ciudadanos realizaron concentraciones y vigilias para exigir que cualquier política de seguridad respete los derechos fundamentales y la independencia de las instituciones.
En el plano internacional, analistas observan a Costa Rica como un caso bisagra en Centroamérica. Mientras otros países avanzan hacia modelos de concentración de poder, el sistema costarricense aún conserva frenos institucionales efectivos. El desenlace de esta etapa dependerá de si el nuevo liderazgo opta por construir consensos o tensionar los límites del sistema.
