La justicia federal de Florida ordenó un embargo forzoso de bienes y cuentas bancarias contra los principales líderes del chavismo en el exterior, tras determinar que operaron como una empresa criminal que secuestró y torturó a tres ciudadanos norteamericanos para chantajear a la Casa Blanca.
Puntos destacados:
- El juez federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, ordenó el pago de una indemnización histórica de 314 millones de dólares a favor de tres ciudadanos estadounidenses y sus familias.
- El magistrado Darrin P. Gayles dictaminó este fallo tras declarar a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores más cercanos responsables directos de secuestro, tortura física y psicológica, y actos de terrorismo internacional.
- La sentencia identifica a Nicolás Maduro y al grupo conocido como el Cártel de los Soles como los directores principales de la conspiración, financiando estos crímenes a través del tráfico de cocaína.
Sinopsis
Un nuevo y devastador golpe financiero y judicial sacude a la cúpula del gobierno venezolano. Un juez federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, ordenó el pago de una indemnización histórica de 314 millones de dólares a favor de tres ciudadanos estadounidenses y sus familias.
El magistrado Darrin P. Gayles dictaminó este fallo tras declarar a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores más cercanos responsables directos de secuestro, tortura física y psicológica, y actos de terrorismo internacional.
Al amparo de la Ley Federal Antiterrorista, el procedimiento legal de ejecución forzosa no dependerá de la voluntad de los sancionados. Los abogados de las víctimas buscarán identificar, congelar y embargar de manera directa cuentas bancarias, mansiones de lujo, yates y otros activos que los demandados o sus testaferros posean en territorio norteamericano o en países aliados.
Los escalofriantes detalles de los crímenes cometidos contra los estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval sustentan la gravedad de la sentencia. De acuerdo con el expediente judicial de 19 páginas, los tres hombres fueron arrestados bajo acusaciones falsas de espionaje en Venezuela y utilizados como rehenes políticos de intercambio.
Durante su cautiverio en los calabozos de la contrainteligencia militar en Caracas, las víctimas sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron descargas eléctricas, golpizas con objetos contundentes, privación prolongada del sueño, asfixia inducida mediante bolsas plásticas y confinamiento en condiciones extremas de aislamiento.
El juez determinó que estos actos constituyeron un esquema de secuestro extorsivo planificado para chantajear políticamente a la Casa Blanca, antes de que las víctimas fueran finalmente liberadas a finales de 2023 a cambio del empresario Alex Saab.
Para determinar las responsabilidades individuales, el juez Gayles fundamentó su fallo en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) y la Ley Antiterrorismo de Florida, concluyendo que los acusados actuaron como parte de una "empresa criminal conjunta".
La sentencia identifica a Nicolás Maduro y al grupo conocido como el Cártel de los Soles como los directores principales de la conspiración, financiando estos crímenes a través del tráfico de cocaína.
En diciembre pasado, Maduro dijo públicamente que no es magnate ni tiene dinero, porque su sueldo
como presidente era de 120 dólares.
Asimismo, responsabiliza al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por ordenar y coordinar la logística de los secuestros; al empresario Alex Saab por actuar como el facilitador financiero y beneficiario directo del complot; y al entonces fiscal general Tarek William Saab junto al exmagistrado Maikel Moreno por utilizar el aparato de justicia para dar una falsa apariencia de legalidad a los arrestos y encubrir las torturas.
Por razones de inmunidad de Estado, el juez federal dejó fuera de la orden de pago a la mandataria encargada Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, así como a las corporaciones estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo.
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