Puntos destacados:
- Una jueza federal en Estados Unidos suspendió por catorce días la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar los programas humanitarios de reunificación familiar que benefician a migrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
- Los programas de reunificación familiar permiten a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar el ingreso legal de sus familiares directos mientras esperan la resolución de sus trámites de visa.
- El programa de Libertad condicional de reunificación familiar o FRP se remonta a 2007 con Cuba, y luego se amplió a otros países como Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Una jueza federal en Estados Unidos suspendió por catorce días la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar los programas humanitarios de reunificación familiar que benefician a migrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
El fallo concede una moción de emergencia y bloquea de manera temporal las medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 12 de diciembre. Según estimaciones oficiales, entre 10,000 y 15,000 migrantes estaban en riesgo inmediato de perder este beneficio.
Los programas de reunificación familiar permiten a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar el ingreso legal de sus familiares directos mientras esperan la resolución de sus trámites de visa para evitar separaciones prolongadas y reducir el riesgo de cruces peligrosos en la frontera.
La jueza en Massachusetts, Indira Talwani, argumentó que los demandantes demostraron riesgo de “daño irreparable” si se aplicaban las medidas del Departamento de Seguridad Nacional, pues miles de personas perderían de inmediato su estatus legal y enfrentarían deportación. Señaló además que la agencia no comunicó adecuadamente a los beneficiarios antes de retirarles el permiso de permanencia, lo que justificaba la orden de restricción temporal.
Por tanto, la orden judicial estará vigente hasta el 24 de enero de 2026, aunque podría extenderse conforme avancen los litigios.
El programa de Libertad condicional de reunificación familiar o FRP se remonta a 2007 con Cuba, y luego se amplió a otros países como Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los abogados de los migrantes, entre ellos representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) celebraron la decisión como un alivio que preserva la unidad familiar.
En contraste, la administración Trump defendió la cancelación como parte de su política de “orden migratorio”. Voceros del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que el programa había sido “mal utilizado” y que su eliminación respondía a la necesidad de reforzar el control fronterizo.
Por su parte, sectores conservadores como la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense FAIR) criticaron la intervención judicial, argumentando que prolonga un sistema que debía ser eliminado para garantizar la seguridad nacional.
La cuenta regresiva hacia el 24 de enero de 2026 marcará el desenlace inmediato: si la orden se extiende, más de 15,000 migrantes conservarán un respiro; si se levanta, enfrentarán de inmediato el riesgo de deportación.
