La suspensión de solicitudes de residencia, asilo y ciudadanía, recientemente anunciada por la administración Trump como una “revisión de seguridad nacional”, afecta a más de 950.000 latinoamericanos, según estimaciones de la Coalición de Organizaciones Migratorias en Estados Unidos (COMUS), que recopila datos de expedientes abiertos en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El detonante de esta decisión fue el reciente ataque contra dos guardias nacionales en Washington atribuido a un ciudadano afgano.
Las autoridades acusan al extranjero de disparar a finales de noviembre contra los dos uniformados y provocar la muerte de una de ellos, lo que desató una nueva ofensiva gubernamental contra los migrantes en Estados Unidos.
El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las "unidades cero" de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.
Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.
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En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro.
Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.
Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.
Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.
Antes del anuncio de la suspensión, el presidente Donald Trump utilizó frases de desprecio hacia los migrantes, al afirmar que Estados Unidos debía “pausar la migración desde países del tercer mundo”.
Estas expresiones fueron interpretadas como un ataque directo a comunidades latinoamericanas que habían buscado refugio en el país norteamericano.
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En Venezuela la decisión golpea a unos 400.000 solicitantes que buscaban refugio ante la crisis humanitaria y política. La paralización de trámites deja a miles de familias en incertidumbre, especialmente en comunidades asentadas en Florida y Texas.
En Cuba cerca de 250.000 personas ven congelados sus procesos de residencia y ciudadanía. La medida rompe con décadas de políticas diferenciadas hacia migrantes cubanos y genera preocupación en Miami, donde líderes comunitarios denuncian que la suspensión paraliza la integración de familias ya establecidas.
En Haití más de 300.000 solicitantes de asilo y residencia quedan expuestos a la irregularidad migratoria y al riesgo de deportación. La crisis política y humanitaria en el país caribeño ha impulsado una migración masiva hacia Estados Unidos, especialmente en Florida y Nueva York, donde organizaciones humanitarias advierten sobre el impacto social de la medida.
En este momento la Corte Suprema de Estados Unidos se alista para pronunciarse sobre dos temas críticos: la suspensión de trámites de asilo y residencia y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, ambos con un impacto profundo en la vida de cientos de miles de latinoamericanos y en la narrativa política de Estados Unidos.
