Puntos destacados:
- El Gobierno de Daniel Noboa llamó a consultas a su embajador en Colombia para que suspendiera todas las mesas de diálogo bilateral.
- El detonante fue la declaración del presidente Gustavo Petro, quien le otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente Jorge Glas y exigió su inmediata liberación de la megacárcel de Santa Elena.
- Petro alega que Glas es un "preso político".
Las relaciones entre Ecuador y Colombia han entrado en una fase de "congelamiento" diplomático tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de llamar a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong.
Esta medida drástica, responde a las recientes declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un "preso político" y a quien el mandatario izquierdista le otorgó la nacionalidad colombiana.
"Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galapagos le pedí al presidente Noba liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregarán", publicó el mandatario izquierdista.
El centro de esta discordia se encuentra en la provincia costera de Santa Elena, específicamente en la Cárcel del Encuentro.
Allí permanece recluido Jorge Glas, quien fuera vicepresidente del izquierdista Rafael Correa entre 2013 y 2017, cumpliendo condenas acumuladas de 13 años por delitos de cohecho, asociación ilícita y peculado. Recientemente denunció que sobrevive con un vaso de máchica al día mientras su salud se desvanece.
La postura de Ecuador se fundamenta en el estricto rigor de la ley, argumentando que Glas ha sido sentenciado por tribunales independientes y que su traslado a Santa Elena es una medida de seguridad nacional necesaria.
La narrativa que impulsa Colombia se basa en el concepto de lawfare o guerra jurídica, denunciando que las condiciones de aislamiento en la megacárcel vulneran los derechos humanos y buscan desarticular a la oposición política ecuatoriana.
Esta fractura política se suma a una situación fronteriza ya crítica, marcada por una guerra arancelaria que ha paralizado el dinamismo económico de la zona.
Ambos países mantienen gravámenes recíprocos de hasta el 50% en productos estratégicos, una medida que asfixia el comercio en los pasos de Tulcán e Ipiales.
El presidente Noboa ha justificado su dureza denunciando que la administración de Petro no combate eficazmente a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común, lo que ha obligado a Ecuador a militarizar la zona bajo su estrategia de seguridad denominada "Plan Fénix".
Mientras, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, confirmó la suspensión de las mesas de diálogo entre Ecuador y Colombia que se habían establecido para superar la guerra arancelaria iniciada a principios de febrero.
Con Colombia encaminada a su primera vuelta presidencial el 31 de mayo y el mandato de Petro concluyendo formalmente el 7 de agosto, el margen para una salida diplomática parece estrecho.
