Una orden ejecutiva del presidente Donald Trump eliminó el beneficio del Ajuste de Estatus, obligando a los extranjeros con visados temporales a salir del país para solicitar su residencia permanente.
PUNTOS DESTACADOS:
- Según estimaciones del Instituto Cato, esta reforma afectará directamente a más de 300 mil latinoamericanos cada año.
- Ahora, quienes quieran lograr la residencia deberán llevar a cabo el proceso en las oficinas consulares de Estados Unidos en sus naciones de origen.
- México encabeza la lista de afectados a nivel global: se calcula que unas 180 mil quinientas personas de origen mexicano cambiaban su estatus legal cada año sin salir de territorio estadounidense.
Al menos 300 mil latinoamericanos al año se verán afectados por una estricta y polémica medida ordenada directamente por el presidente Donald Trump. Así lo estima el Instituto Cato, basándose en los registros de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional.
Por orden ejecutiva del presidente Trump, la gran mayoría de los extranjeros con visados temporales que califiquen para obtener la residencia permanente, también conocida como “green card”, ya no podrán hacer el trámite dentro del país. Salvo por "circunstancias extraordinarias", se les exigirá abandonar la Unión Americana y tramitar su solicitud directamente en sus naciones de origen.
El impacto latinoamericano de esta orden presidencial se concentra masivamente en un puñado de países donde la dependencia de este mecanismo es históricamente la más alta del mundo.
México encabeza la lista de afectados a nivel global: se calcula que unas 180 mil quinientas personas de origen mexicano cambiaban su estatus legal cada año sin salir de territorio estadounidense, una vía regular que ahora queda completamente cancelada por disposición del mandatario.
El segundo foco crítico en la región es Cuba, con un promedio de 81 mil solicitudes afectadas anualmente, seguida por la República Dominicana con 23 mil casos por año.
Un panorama similar enfrentan Centroamérica y Sudamérica, donde los solicitantes de El Salvador y Brasil suman, en conjunto, cerca de 24 mil personas anuales que se verán obligadas a regresar a sus tierras para ponerse en la fila de los consulados.
Derivado de esta medida, se suma una preocupación financiera: millones de inmigrantes enfrentan nuevas trabas para enviar dinero a sus familias. Y es que la orden ejecutiva de Donald Trump también pone bajo una estricta revisión cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos de auto o hipotecas.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el presidente Trump busca con este cambio corregir lo que cataloga como un abuso del sistema. El portavoz oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Zach Kahler, aseguró que la reforma permite que el sistema funcione exactamente como lo planeó la ley original, cerrando vacíos legales y reduciendo los casos de personas que optan por quedarse de forma irregular tras recibir una eventual negativa en su solicitud de residencia.
En su reciente Discurso a la Nación, el propio presidente Donald Trump defendió las políticas de su Gobierno, como la expansión del veto migratorio a 39 naciones y el freno a visados para ciudadanos de 75 países.
Por su parte, la respuesta de las organizaciones civiles y de la comunidad jurídica internacional ante la orden del presidente ha sido de un rechazo tajante.
Grupos de asistencia como Alivio Mundial advierten que la medida provocará la separación indefinida de miles de matrimonios debido al colapso y a los retrasos crónicos que ya arrastran las sedes diplomáticas estadounidenses en América Latina.
Ante este complejo panorama, diversas coaliciones de derechos civiles y abogados de gran trayectoria ya preparan acciones legales.
Además, expertos en derecho migratorio detallan que la normativa dictada por Trump encierra una verdadera trampa jurídica para miles de personas que acumularon periodos de presencia no autorizada en el país. Al verse obligados a salir de los Estados Unidos para cumplir con el procesamiento consular que ahora se les exige, se activarán de manera automática los castigos federales de reingreso, quedando vetados para volver a pisar suelo estadounidense por periodos de tres o hasta diez años.
