PUNTOS DESTACADOS:
- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se suspenderá la tramitación de todas las solicitudes de visa de inmigrante para 75 países.
- La medida, que afecta a 14 países de América Latina, entrará en vigor el 21 de enero de 2026.
- La suspensión no incluye a las visas de estadía temporal, como las de turismo o de negocios.
El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, que entrará en vigor el 21 de enero de 2026, afecta directamente a 14 países de América Latina y el Caribe.
Según la explicación oficial, la disposición busca reforzar la aplicación de la cláusula de “carga pública”, es decir, negar o pausar visas a quienes se considere que podrían depender de programas de asistencia financiados con fondos públicos.
El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".
Recientemente, el presidente Donald Trump enfiló sus declaraciones contra la comunidad somalí en un contexto marcado por operativos migratorios en Minnesota y por un escándalo de fraude en programas sociales.
Es importante aclarar que esta medida no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, incluidos los de aficionados al fútbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de este año, aunque la administración Trump ha prometido examinar los historiales en redes sociales de todos los solicitantes.
Los países latinoamericanos incluidos en la medida son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Según estimaciones periodísticas —basadas en datos de solicitudes previas—, el impacto global alcanzaría a unos 315,000 solicitantes por año, de los cuales entre 60,000 y 80,000 provendrían de América Latina y el Caribe.
El abogado de inmigración Ángel Leal anticipa que esta medida será apelada ante los tribunales de Estados Unidos.
En términos prácticos, decenas de miles de latinoamericanos podrían ver sus trámites detenidos cada año mientras la medida permanezca vigente.
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David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, advierte que la magnitud de la suspensión implica que una proporción relevante corresponde a ciudadanos latinoamericanos, dado el peso histórico de la región en los flujos de inmigración legal hacia Estados Unidos.
El Departamento de Estado estadounidense ha revocado más de 100 000 visas durante las primeras 51 semanas del segundo mandato de Trump.
Organizaciones de migrantes y de derechos humanos han advertido que la medida reduce drásticamente las vías legales de migración, especialmente para familias de ingresos medios y bajos. También alertan que el uso amplio del criterio de “carga pública” genera efectos disuasivos, incluso entre quienes cumplen con los requisitos legales.
Según los expertos, la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante, que paraliza los trámites para la residencia permanente en Estados Unidos, podría enfrentar impugnaciones ante tribunales federales por la aplicación amplia del criterio de carga pública y la ausencia de plazos claros, aunque especialistas advierten que la legislación migratoria concede al Poder Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad en esta materia.
