Por años se discutió en Australia si el gobierno federal debía contar con un organismo anti-corrupción, dedicado a investigar posibles conflictos de intereses y velar por que los funcionarios públicos actuasen con integridad.
Comisiones anti-corrupción existen en varios estados australianos, como es el caso de Nueva Gales del Sur, que cuenta con ICAC, una comisión independiente de investigación.
Después de meses desestimar la necesidad de tener un organismo similar a nivel federal, el gobierno del primer ministro Scott Morrison finalmente accedió al llamado y anunció en diciembre de 2018 que si apoyaría la formación de una comisión de investigación para la integridad.
Sin embargo, expertos en transparencia e integridad consideran que el sistema actual aún tiene salvaguardas anti-corrupción muy débiles. Es una opinión también compartida por muchos australianos.
Una encuesta de la Universidad de Griffith reveló que un 62 por ciento de los australianos está preocupado porque los funcionarios y los políticos usan sus cargos para beneficiarse ellos mismos o a sus familiares, mientras un 56 por ciento está preocupado porque éstos ceden a favores de terceros o empresas a cambio de donaciones o apoyo político.
Conversamos con el politólogo, profesor de la universidad de Griffith, Ferrán Martínez i Coma, sobre el mercadeo político en Australia y si existe o no en el gobierno australiano una crisis de integridad y transparencia.
