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Tribunal evalúa a puerta cerrada si desclasifica documentos sobre la participación de Australia en el golpe de Pinochet

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Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974.

Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974. Source: National Archives of Australia


Published 3 June 2021 at 7:03pm
By Claudianna Blanco
Source: SBS

El Dr Clinton Fernandes está impugnando la decisión de los Archivos Nacionales de Australia de retener la publicación de documentos históricos relacionados con las operaciones del Servicio Secreto de Inteligencia Australiano (ASIS) entre 1971-1974 en Chile, además de registros sobre la participación de Australia en el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Los representantes de la inteligencia australiana dicen que su divulgación podría ser perjudicial para la seguridad nacional.


Published 3 June 2021 at 7:03pm
By Claudianna Blanco
Source: SBS


El Tribunal de Apelaciones de Australia escuchará a puerta cerrada los testimonios de tres testigos, entre ellos Anthony Sheehan, subsecretario adjunto de Seguridad Internacional, del Grupo Humanitario y Consular del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio (DFAT), quién fue exdirector adjunto de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO).

Los otros dos testigos son el ex oficial de ASIO Peter Darby*, quien trabajó para ASIO por unos 40 años; y Jack Lowe*, empleado de ASIS durante más de 25 años.

Las sesiones y la evidencia presentada por Australia serán secretas, porque la Fiscal General de Australia, Michaelia Cash, emitió un certificado de interés público, que suprime la divulgación de evidencia proporcionada por agencias gubernamentales como ASIS, ASIO y DFAT, alegando que “sería contrario al interés público porque la divulgación perjudicaría la seguridad, la defensa o las relaciones internacionales de Australia”.

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Esto significa que, si el Tribunal decide no desclasificar los documentos, el público australiano nunca sabrá por qué. El Dr Clinton Fernandes y su abogado, Ian Latham, tampoco tienen acceso a los testimonios y evidencias que serán utilizados por el gobierno australiano para refutar su solicitud.

El miércoles, durante el primer día de la audiencia de tres días, Latham argumentó que existe un interés público en divulgar los documentos sobre el rol que jugó Australia en el golpe en Chile. Asimismo, afirmó que gran parte de este material ya está en el dominio público y que no es necesario mantener estos registros secretos ya que han pasado unos 50 años de los hechos, y muchos de los involucrados ya han fallecido.

Latham añadió que “se ha sabido tanto formal como informalmente sobre la participación y presencia de espías australianos en Chile y sobre su colaboración con la CIA, en la creación de un ambiente golpista”.

La evidencia pública disponible demostrará que ASIS ha emprendido operaciones y que estas operaciones se llevaron a cabo en un momento en que Estados Unidos estaba involucrado en el socavamiento del gobierno de Allende.
Latham también argumentó que, en ese momento, "la propia ASIS se mostró reacia a colaborar (con la CIA) porque no había ningún interés directo de Australia [en Chile]".

Por su parte, el abogado Andrew Berger, quien representa a los Archivos Nacionales de Australia, argumentó que los documentos clasificados son documentos de la Commonwealth y destacó que las decisiones anteriores de los Archivos que los clasificaron como "exentos" de divulgación bajo la Ley de Archivo fueron "cuidadosamente consideradas" por expertos en inteligencia que concluyeron que debían permanecer clasificados.



El jueves, solo una breve porción de la audiencia estuvo abierta al público.

Durante la sesión, Latham señaló que el pasar del tiempo y el carácter histórico de los documentos afectaba el carácter confidencial de los registros.

Asimismo, enfatizó que las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses han encontrado una manera de documentar su historia, sin comprometer la seguridad nacional. En este sentido, el abogado cuestionó por qué ASIO requiere de tanto secretismo y no establece una manera más trasparente de registrar y publicar registros históricos, como lo hacen otros países aliados.

Por su parte, Berger afirmó que parte del problema es que el volumen de material solicitado por Fernandes es muy amplio, y es difícil determinar qué partes deben mantenerse clasificadas.

En este sentido, señaló que el realizar una auditoría de esta naturaleza no podría ser ni económica, ni rápida. Que si bien aceptaba que es una materia importante, que el Tribunal debía llevar a cabo una revisión proporcionada.

Asimismo, Berger señaló que, en las próximas horas, el Tribunal escucharía algunas maneras en las que podría realizar la auditoria del material, pero que era difícil el poder hacer una evaluación de cada vez que la palabra Chile aparece en un documento, por el volumen del material.

La sesión del jueves en la tarde y el viernes continuan en secreto.

Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974.
Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974. Source: National Archives of Australia


¿Necesidad de secretismo, 50 años después de los hechos?

Antes de la audiencia, Fernandes dijo a SBS Spanish que su caso no intentaba “averiguar los nombres de ninguno de los oficiales de ASIS o ASIO involucrados”.

Lo que queremos saber es la motivación, las instrucciones, las órdenes, la planificación de políticas.
“El daño a la seguridad nacional de Australia hoy es inexistente, ya que los documentos ya tienen unos 50 años”, dijo.

Su abogado, Ian Latham dijo a SBS Spanish en una entrevista previa, que "ya hay una divulgación pública significativa sobre las actividades australianas en Chile durante ese período por parte de varios de los participantes en el proceso, tanto a nivel político como administrativo".

El Tribunal Administrativo de Apelaciones es diferente a una corte judicial. Todos sus miembros, incluido el juez de la corte federal que lo preside, son nombrados por el fiscal general. Además, cuando las sesiones se llevan a cabo a puerta cerrada, los solicitantes "no pueden ver las presentaciones de la otra parte, o al menos la mayor parte de sus argumentos, o la mayor parte de sus pruebas", explicó Latham a SBS Spanish.

“A menudo ni siquiera ves la esencia de su argumento en absoluto. Por lo tanto, es un proceso muy diferente a la forma en que normalmente funciona el litigio, donde ambas partes deben mostrar tanto sus argumentos como sus pruebas”.

Está previsto que el proceso se lleve a cabo hasta el 4 de junio, pero el resto de las audiencias se llevarán a cabo en secreto. El resultado es difícil de predecir. El tribunal puede decidir o no llamar a las partes para que presenten más pruebas, y pueden pasar semanas o incluso meses antes de que se emita una decisión.

*Peter Darby y Jack Lowe, son nombres falsos, ya que, bajo la ley australiana, no se puede conocer la identidad real del personal que trabaja en inteligencia.

Para escuchar el informe completo, presiona sobre la imagen principal.


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