Sinopsis:
A un mes de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, con bombardeos selectivos sobre objetivos militares, la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y el control estadounidense de las exportaciones petroleras venezolanas, el país atraviesa una transición marcada por la incertidumbre, las contradicciones y una frágil expectativa de cambio.
Desde Caracas, la mandataria interina Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general que, según sus palabras, busca “cubrir todo el periodo político, de violencia política, de 1999 al presente”, y encargó a instancias judiciales y legislativas presentar el proyecto “en urgencia” ante la Asamblea Nacional.
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El anuncio fue recibido con cautela por organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, que denuncian la ausencia de cifras claras y de garantías reales de libertad.
“No hay realmente una liberación total de los presos ni con totales garantías de libertad. Eso es mentira, de que hay una amnistía”, dijo a SBS Spanish desde Caracas la abogada y activista opositora María Jesús Remi, quien describe un clima de frustración e incertidumbre entre quienes esperan la excarcelación de sus familiares. “Nos sentimos un poco frustrados, no sabemos si esto es suficiente para Trump… no se está moviendo nada económicamente”, añadió.
Según explica el corresponsal de SBS Spanish en Caracas, Eugenio Martínez, el proceso de liberaciones avanza, pero de manera “lenta y desordenada”. “El número concreto de presos políticos liberados es difícil de precisar”, señala, debido a que muchas detenciones nunca fueron denunciadas formalmente por miedo de los familiares.
Aunque el gobierno interino asegura haber liberado a cerca de 900 personas, organizaciones independientes confirman alrededor de 500 excarcelaciones, incluidas figuras emblemáticas del activismo político y de derechos humanos.
La situación se desarrolla además bajo el estado oficial de “conmoción exterior” que “formaliza una práctica que ya era común”, advierte Martínez, como la revisión de teléfonos y comunicaciones digitales por parte de los cuerpos de seguridad para justificar detenciones, intimidaciones, detenciones de periodistas o extorsiones.
En paralelo, el gobierno interino ha anunciado medidas simbólicas de alto impacto, como el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más temidos del país y un lugar que, en palabras del corresponsal, albergó durante años “a los presos políticos más emblemáticos” y donde se han documentado prácticas de tortura. Sin embargo, el desmantelamiento del recinto aún no ha comenzado formalmente.
Mientras tanto, miles de partidarios de Nicolás Maduro se movilizaron el martes en Caracas para exigir la liberación del depuesto mandatario venezolano. En la sesión parlamentaria, la diputada oficialista Tania Díaz tomó la palabra para expresar la condena del PSUV al "secuestro" de Maduro y Flores.
En el plano económico y diplomático, Estados Unidos ha autorizado ventas controladas de petróleo venezolano, lo que ha reducido de forma coyuntural la brecha cambiaria, y ha iniciado un lento restablecimiento de relaciones, con la reanudación de vuelos directos y la llegada de la encargada de negocios a Caracas, Laura Dogu, y el envío a Washington del excanciller Félix Plasencia; aunque no se han reestablecido aún las relaciones diplomáticas formales entre ambos países.
Para muchos venezolanos, estas señales conviven con una realidad cotidiana marcada por el miedo, la represión selectiva y una protesta social que empieza a reaparecer tímidamente en las calles, con manifestaciones estudiantiles y concentraciones de familiares pidiendo la liberación de presos políticos frente a las cárceles.
Con información adicional de AFP.
