Corte Suprema de EE. UU. autoriza eliminación de permiso temporal para 350.000 venezolanos

Migrants arrive in Venezuela after being deported from the US

Una fotografía proporcionada por el Ministerio del Interior de Venezuela muestra a algunos de los migrantes venezolanos que llegaron desde Honduras después de ser deportados de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 24 de marzo de 2025. Credit: VENEZUELAN HOME AFFAIRS MINISTRY/HANDOUT/EPA

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a despojar a casi 350.000 venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS). Este fallo le expone a un potencial proceso de deportación, a los que se sumarán a partir de septiembre otros 250.000 venezolanos con el mismo permiso temporal.


Puntos destacados:
  • El TPS permite a personas de países en crisis vivir y trabajar legalmente en EE. UU.; fue otorgado a venezolanos en 2021 por la crisis bajo Maduro.
  • En 2024, el gobierno revocó el TPS para venezolanos, alegando presencia de criminales; un juez bloqueó temporalmente la medida por posible discriminación.
  • La Corte permitió la cancelación del TPS, causando preocupación entre migrantes; EE. UU. sigue desaconsejando viajar a Venezuela por su inseguridad.
Sinopsis:

El Estatus de Protección Temporal se creó en 1990 para permitir a aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente si sus países de origen sufren desastres naturales o conflictos civiles. El llamado TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente.

En 2021, la administración del expresidente Joe Biden otorgó este beneficio a los venezolanos, citando los altos niveles de criminalidad y la inestabilidad política y económica bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En febrero pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem anunció que las deportaciones de casi 350.000 venezolanos que eran beneficiarios del TPS comenzarían a partir del 7 de abril. Anunció que se anuló la extensión de 18 meses del TPS para venezolanos recién renovada por el expresidente Joe Biden. Aseguró que entre los venezolanos beneficiados con el TPS hay miembros de la peligrosa banda Tren de Aragua.

Ante dichas acusaciones, los abogados de la Alianza Nacional de TPS, argumentaron ante el juez de distrito de San Francisco, Edward Chen, que la revocación del TPS se realizó de forma discriminatoria. Para probarlo, citaron comentarios de Trump y declaraciones de la secretaria Noem en las que comparaba a algunos venezolanos con miembros de bandas criminales.

El juez Chen congeló la revocación del TPS para los venezolanos al considerar que podrían haberse vulnerado procedimientos administrativos, derechos fundamentales y racismo.
Entonces, el presidente Nicolás Maduro, llamó los migrantes venezolanos en el mundo para que visiten el país y cuestionó las campañas que califican su gobierno como una dictadura.

Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez Chen, de San Francisco, que había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección conferida a los venezolanos por el gobierno del expresidente Joe Biden.

La secretaria de Seguridad Nacional argumentó que era "contrario al interés nacional" la permanencia de los venezolanos en Estados Unidos y que podían regresar a su país de origen porque las condiciones habían mejorado.

Sin embargo, existe preocupación entre inmigrantes venezolanos en EEUU tras la decisión de la Corte Suprema que le permite al gobierno de Trump revocarle el TPS a cerca de 350,000 personas de esta nacionalidad.
Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar manifestó su decepción ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que autorizó al gobierno de Donald Trump a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualmente advierte contra los viajes a Venezuela "debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, la aplicación arbitraria de las leyes locales, el crimen, los disturbios civiles, la mala infraestructura de salud".

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