Puntos Destacados:
- La jueza Longbottom resolverá si Rivas puede apelar la negativa a acceder a informes que, según su defensa, podrían frenar su extradición a Chile.
- Más de 60 personas siguieron la audiencia pública y en línea, donde las partes presentaron sus alegatos a favor y en contra de la apelación.
- La mayoría del público presente en la vista siguió los pormenores desde Chile, ante la alta expectativa en torno al desenlace del proceso.
- El abogado de los familiares de las víctimas en Chile, Francisco Ugaz, recordó que el caso de Rivas es el único aún sin juicio formal entre los implicados en los crímenes del cuartel Simón Bolívar.
La justicia australiana comunicará su decisión sobre el nuevo recurso presentado por la defensa de Adriana Rivas, exagente de la dictadura de Pinochet, quien trata de frenar su extradición a Chile para ser procesada por delitos de secuestro y tortura, acusaciones que ella niega.
Los abogados de Rivas han solicitado la venia para apelar la decisión del juez Michael Lee, quien les negó el acceso a la totalidad de los informes en que se apoyó el fiscal general para ordenar la entrega de Rivas.
En una extensa audiencia celebrada en línea desde Brisbane y presidida por la jueza Erin Longbottom, no se llegó a una resolución ya que la magistrada decidió reservarse su veredicto para más adelante.
¿Qué se discutió en la audiencia?
La sesión, que duró cerca de dos horas y media y en la que se discutieron argumentos muy técnicos, abordó la solicitud de la defensa de Rivas para acceder a la totalidad del informe legal en el que se basó el fiscal general de Australia para ordenar su extradición a Chile el 28 de agosto de 2024.
El juez Lee ya había negado el acceso a ese informe en una instancia anterior, pero los abogados de Rivas buscan apelar esa decisión y argumentan que el contenido completo del documento podría contener fundamentos legales para detener la extradición.
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La jueza Longbottom escuchó durante más de dos horas las argumentaciones del abogado de Rivas, Sean A Baron Levi, quien insistió en la supuesta “injusticia” de que partes del informe estén redactadas u ocultas y alegó que “existe una inconsistencia entre lo que se reveló y el material redactado”.
Según documentos presentados ante la Corte Federal de Sídney, a los que tuvo acceso SBS Spanish, el gobierno australiano argumenta que las secciones omitidas están protegidas por "privilegio profesional legal".
La defensa de Rivas sostiene que, al presentar el informe con partes visibles, la fiscalía habría “renunciado implícitamente a ese privilegio”, abriendo así la puerta para reclamar el acceso total al documento.
Además, el letrado Baron Levi volvió a surgir en la audiencia el principio de doble criminalidad, una condición esencial para que proceda la extradición: el delito por el cual se solicita la entrega debe estar tipificado tanto en el país que la solicita como en el que ejecuta la orden. Aunque este argumento ya ha sido discutido y rechazado por otros jueces, la defensa insistió en reabrir el debate.
El representante del gobierno australiano, el fiscal Glover Trent, rechazó todos los argumentos del equipo legal de Rivas, afirmó que “no hay injusticia” y señaló que las alegaciones de la defensa sobre el informe son especulaciones sin base legal.
Trent defendió la negativa del juez Lee a dar acceso a la totalidad de los documentos y dijo que “es evidente que el juez Lee revisó la totalidad de la conclusión ministerial”.
También reiteró que el asunto de la doble criminalidad ya está zanjado.
La visión desde Chile: víctimas esperan justicia
Francisco Ugaz, abogado de los familiares de las víctimas en Chile y que estuvo presente durante la vista en línea, dijo a SBS Spanish desde Santiago que la vista había generado expectación en su país.
Pese a la hora y la distancia, más de 60 personas siguieron la audiencia en línea. Quienes luchamos por la verdad, la justicia y la reparación mantenemos la expectativa de que este proceso se resuelva positivamente y que Rivas pueda finalmente ser juzgada en nuestro país.Francisco Ugaz, abogado de los familiares de las víctimas en Chile
Respecto al proceso judicial en Chile, Ugaz explicó que los casos en los que Rivas está involucrada, la Corte Suprema chilena ya ha emitido sentencias condenatorias contra otros agentes de la DINA.
“Uno de los casos que queda pendiente de juzgamiento es precisamente el de Adriana Rivas, quien está sobreseída temporalmente debido a su fuga y a la solicitud de extradición. El proceso está suspendido en su contra, a la espera de su regreso a Chile”, indicó Ugaz.
La representante de los familiares de las víctimas en Australia, la abogada Adriana Navarro, dijo en un comunicado que los argumentos del equipo del Fiscal General "han sido sólidos y coherentes", y que su equipo "confía en que se desestime la acción intentada por Rivas" y que "el Estado australiano proceda con la entrega de Rivas a la justicia chilena", concluyó.
¿Quién es Adriana Rivas?
Rivas trabajó para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1977. Fue secretaria de Alejandro Burgos, asistente del director de la DINA, Manuel Contreras.
Está acusada de participar en secuestros y torturas contra siete disidentes políticos en 1976, entre ellos el secretario general del Partido Comunista de Chile, Víctor Díaz, y seis de sus colaboradores, varios de los cuales aún están desaparecidos. Todos los hechos habrían ocurrido en el cuartel Simón Bolívar, identificado como un centro de exterminio.
Rivas niega las acusaciones. En una entrevista con SBS Spanish en 2013, justificó el uso de la tortura alegando que “es la única manera de quebrar a las personas”.
Fue arrestada en 2019 tras una solicitud de extradición de la fiscalía chilena y luego de la publicación de una entrevista exclusiva en la que relató su fuga de Chile cruzando la cordillera de los Andes hacia Argentina, desde donde voló a Australia.
En octubre de 2020, un magistrado de Sídney desestimó las objeciones del equipo legal de Rivas y dictaminó que la chilena cumplía los requisitos para la extradición.
Sus abogados impugnaron la decisión del magistrado ante el Tribunal Federal, pero un juez desestimó su solicitud de revisión.
En 2021, también se desestimó una apelación contra esa decisión.
