La orden judicial acorrala al exmandatario mientras se atrincherada en su bastión político protegido por miles de seguidores.
EN ESTE PODCAST:
- La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del gobierno de Rodrigo Paz.
- Los delitos por los que se investiga al exmandatario son "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos".
- La causa se activó tras una querella promovida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz asestó un duro golpe político y judicial al decretar la captura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, bajo una batería de graves acusaciones que incluyen terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, sedición y rebelión.
La orden, firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, arrincona al exmandatario al señalarlo como autor e instigador directo de los bloqueos de carreteras que entre mayo y junio asfixiaron las vías clave del país durante cincuenta y tres días.
El expediente judicial detalla cargos específicos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y sabotaje contra los servicios públicos.
La causa se activó tras una querella promovida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno. Las movilizaciones surgieron en protesta por la agudización de la crisis económica, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles, derivando en la exigencia abierta de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La resolución judicial alcanza además a otros rostros clave del movimiento, entre ellos el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien ya permanece tras las rejas. Tras emitirse el mandamiento, el Tribunal Supremo de Justicia exigió a la Policía Nacional encarcelar de inmediato a los acusados para forzar su comparecencia ante los tribunales.
El estallido social dejó secuelas profundas que trascendieron las fronteras bolivianas, afectando el comercio en todo el Cono Sur. Informes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud confirman entre 16 y 22 personas fallecidas, trece de ellas debido a la imposibilidad de recibir atención médica urgente o insumos hospitalarios como oxígeno medicinal durante los cercos viales, además de contabilizarse cerca de noventa heridos.
En el ámbito financiero, el colapso del transporte provocó pérdidas superiores a los tres mil millones de dólares y paralizó el tránsito de carga internacional hacia Brasil, Argentina y Perú, encendiendo las alarmas en los mercados de la región.
Desde su bastión en el Trópico de Cochabamba, Evo Morales desafió la orden de arresto y denunció un complot judicial dirigido desde la presidencia para aplastar el malestar popular. El exmandatario permanece atrincherado en el Chapare, protegido por un blindaje humano de miles de campesinos y federaciones cocaleras que vigilan los accesos a la zona.
Esta resistencia frena cualquier incursión policial ante el inminente riesgo de detonar un enfrentamiento sangriento.
Por su parte, sectores empresariales exigen mano dura y Evo Morales amenaza en sus redes sociales con una rebelión nacional si pretenden capturarlo por la fuerza.
Esta embestida judicial estrecha al máximo el margen de maniobra del líder boliviano, quien suma esta causa al expediente previo que enfrenta en el departamento de Tarija, donde un tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura por estupro agravado, trata y tráfico de personas con fines de abuso sexual contra una menor de edad con quien habría mantenido una relación durante su mandato entre 2006 y 2019.
