Puntos destacados:
- El Salvador se ha convertido oficialmente en el noveno país de Latinoamérica en adoptar la cadena perpetua, eliminando el histórico tope de cincuenta años de prisión.
- Al adoptar la cadena perpetua, El Salvador se une a un bloque que incluye a México (en algunos estados), Argentina, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua y Cuba.
- El Estatuto de Roma y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que las penas deben tener un fin de reforma y readaptación social.
El Salvador se ha convertido oficialmente en el noveno país de Latinoamérica en adoptar la cadena perpetua, eliminando el histórico tope de 50 años de prisión. La medida impone el encierro de por vida para quienes resulten condenados por homicidio agravado, violación y terrorismo.
La propuesta, enviada por el gobierno del presidente Nayib Bukele busca garantizar que más de 40,000 señalados como pandilleros, perfilados como cabecillas o ejecutores de delitos graves, "jamás vuelvan a pisar la calle". Tal como lo manifestó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Con una Asamblea Legislativa donde el partido oficialista Nuevas Ideas posee el control absoluto, la reforma se aprobó de forma exprés, bajo una narrativa que acusa a la oposición de querer recuperar poder en las elecciones de 2027 para liberar a los detenidos y devolver al país al pasado de violencia.
Así lo planteó también el presidente Bukele desde 2024, asegurando que las estructuras criminales operaban con impunidad en los gobiernos de los partidos ARENA y del FMLN.
Con este paso, El Salvador se une a un bloque que incluye a México (en algunos estados), Argentina, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua y Cuba. Sin embargo, los resultados en la región son objeto de debate. Mientras que en países como Chile o Argentina la medida incluye revisiones tras 20 o 35 años, en naciones como Nicaragua ha sido cuestionada por su uso con fines políticos.
El diputado opositor Francisco Lira cuestionó la reforma constitucional promovida por el gobierno de Nayib Bukele.
Según los expertos, la cadena perpetua choca frontalmente con los estándares globales. El Estatuto de Roma y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que las penas deben tener un fin de reforma y readaptación social.
Desde la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, la aprobación de cadena perpetua para menores en El Salvador podría incumplir estándares internacionales al limitar las posibilidades reales de reintegración.
La reforma se cimenta sobre cuatro años de un Régimen de Excepción con más de 91,300 detenciones. Aunque el Gobierno afirma que todos son criminales, investigaciones independientes señalan que la vasta mayoría son procesados sin sentencia firme.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defiende la eliminación de garantías constitucionales en El Salvador.
Por su parte, organizaciones como el movimiento de víctimas MOVIR denuncian que la cadena perpetua es un riesgo irreversible para los inocentes. Las cifras son crudas: al menos 458 personas han muerto bajo custodia estatal desde 2022, alimentando un clima de temor donde el cuestionamiento al Estado se percibe hoy como un peligro personal.
A menos de un año de las elecciones generales de 2027, Bukele utiliza la cadena perpetua como pilar para un posible tercer mandato consecutivo. Con una popularidad que supera el 85%, el mandatario apuesta a que la promesa de un encierro eterno fortalezca su camino hacia la continuidad, presentando cualquier alternativa política como un peligro para la paz social alcanzada.
Escucha el informe en el podcast localizado en la parte superior de esta página.
