Puntos destacados:
- La defensa de Rivas argumenta que, de extraditarse, podría ser juzgada por un delito que no existía en el derecho chileno cuando ocurrieron los hechos, lo que obstaculizaría la extradición.
- El abogado del gobierno de Chile sostuvo en la Corte el martes que el requisito de doble criminalidad se cumple.
- Todos los recursos legales anteriores de Rivas han sido rechazados.
La Corte Federal de Nueva Gales del Sur examinó de nuevo el caso de la extradición de la exagente de Pinochet Adriana Rivas, en una audiencia de dos días presidida por el juez Michael Lee.
Rivas trata, una vez más, de parar su extradición a Chile, donde se le acusa de siete delitos de secuestro agravado durante la dictadura, acusaciones que ella niega.
El debate entre las partes, durante el lunes y el martes, se centró en si la orden de extradición, dictada en 2024 por el gobierno australiano, cumplió el necesario principio de doble criminalidad, mediante el que ambos países deben reconocer los hechos como delito.
El abogado del gobierno de Chile, Trent Glover, sostuvo en la Corte el martes que ese requisito se cumple.
"El delito de secuestro agravado existía en la República de Chile cuando tuvieron lugar los presuntos actos y omisiones de la señora Rivas," dijo.
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Glover también dejó claro cuáles son los cargos concretos. "Eso no cambia el carácter del delito de extradición. Y debo decir delitos, en plural. Son siete cargos de secuestro agravado."
El abogado de Rivas, Sean Baron Levi, planteó un argumento distinto y alegó que los documentos chilenos muestran que los tribunales de ese país han clasificado los hechos también como crímenes de lesa humanidad.
Esa clasificación, argumentó, es la razón por la que el caso no ha prescrito. El plazo de quince años habría vencido en 1991 o 1992.
"Si fuera simplemente un secuestro agravado, no podría haber responsabilidad penal porque el plazo de prescripción ha expirado. La única razón por la que existe alguna responsabilidad penal es porque la acción se clasifica como crimen de lesa humanidad," dijo ante el juez.
La defensa sostuvo además que los crímenes de lesa humanidad no existían en el derecho penal chileno en 1976 y 1977. Por tanto, no se puede extraditar a alguien por un delito que no existía cuando ocurrieron los hechos. Y esa decisión, dijo, “no puede dejarse en manos de Chile”.
Glover insistió en que "eso no cambia el carácter del delito de extradición" y añadió que esas cuestiones corresponden a los tribunales chilenos.
"En la medida en que pueda extraerse algo [...] como el período de prescripción o la pena, ese es un asunto para los tribunales chilenos en su jurisdicción interna," dijo.
El precendete del caso Charles Zentai
Los dos equipos legales mencionaron el caso de Charles Zentai, un exsoldado húngaro que vivía en Perth. Hungría pidió su extradición por un crimen cometido en 1944. Australia se negó porque el delito de "crimen de guerra" no existía en el derecho húngaro en aquel momento.
La defensa de Rivas argumentó que su situación es la misma. Glover señaló una diferencia: Hungría pedía la extradición por un delito que nunca existió en su propio derecho, mientras que Chile pide la extradición por secuestro agravado, un delito que existía en 1976.
El juez Lee planteó hasta qué punto debe el gobierno australiano analizar el derecho de otro país antes de autorizar una extradición.
"Los sistemas jurídicos extranjeros merecen respeto en la aplicación de su propio derecho," dijo, y añadió que "el papel de los decisores australianos, incluido el ministro, no es anticiparse ni cuestionar ese proceso."
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La abogada Adriana Navarro, que representa a los familiares de las víctimas en Australia, dijo a SBS Spanish que “la intención del equipo de Rivas es tratar de convencer al juez de que mire más allá de lo que requiere la ley de extradición”, aseguró y apuntó que “el equipo de la ministra (que ordenó la extradición) también tiene alternativas si la decisión (del juez Lee) fuera en contra”.
Un largo camino de apelaciones
Este caso de Adriana Rivas lleva arrastrándose por años, desde la solicitud de extradición de Chile en 2014 y la detención de Rivas en 2019.
Tras varios procesos fallidos de apelación, la orden de extradición fue dictada en agosto 2024. Desde entonces, los abogados de Rivas han intentado frenarlo por múltiples vías: apelaciones judiciales, argumentos humanitarios como problemas de salud, cuestionamientos a las garantías del sistema judicial chileno, y denuncias de motivaciones políticas detrás del proceso. Todos esos intentos han sido rechazados por distintos jueces.
El último intento fallido de apelar fue en julio de 2025, cuando la jueza Erin Longbottom rechazó las alegaciones de Rivas de que existían inconsistencias e injusticias en la negativa del gobierno a entregarles ciertos documentos en los que se basó la decisión de extraditarla.
El gobierno invocó el privilegio profesional legal para no revelarlos. La jueza Longbottom respaldó esa postura y confirmó que no existía ninguna irregularidad.
Al cerrar la audiencia el martes, el juez Lee anunció que emitirá su fallo en breve.
