Puntos destacados:
- El Gobierno de Ecuador dice que grupos armados locales, colombianos y peruanos están involucrados en el tráfico ilegal de combustibles.
- La eliminación del subsidio gubernamental al diésel, ha desatado protestas indígenas focalizadas desde hace más de dos semanas.
- El presidente de Ecuador justificó la medida como parte de una estrategia para frenar el “derroche” y cortar el financiamiento indirecto a organizaciones criminales que lucran con el tráfico de combustibles.
El Gobierno de Ecuador asegura que el Estado enfrenta a grupos armados locales, colombianos y peruanos involucrados en el tráfico ilegal de combustibles, una actividad que el Gobierno ha señalado como uno de los principales motivos para eliminar el subsidio al diésel, medida que ha desatado protestas indígenas focalizadas desde hace más de dos semanas.
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, declaró a un medio local que el tráfico de combustibles es “la tercera amenaza para el Estado ecuatoriano”, detrás del narcotráfico y la minería ilegal.
Durante el anuncio del decreto que eliminó el subsidio, el presidente Noboa justificó la medida como parte de una estrategia para frenar el “derroche” y cortar el financiamiento indirecto a organizaciones criminales que lucran con el tráfico de combustibles.
En ese contexto, mencionó que el diésel ecuatoriano era objeto de contrabando hacia Colombia por pasos ilegales, y hacia Perú por rutas clandestinas.
La eliminación del subsidio al diésel, decretada el 12 de septiembre, provocó un aumento del precio de 1.80 a 2.80 dólares por galón, afectando a sectores rurales, agrícolas y pesqueros. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó un paro nacional que ya cumple 18 días, con bloqueos en seis provincias, especialmente en Imbabura.
Los líderes indígenas denuncian que la medida afecta gravemente a comunidades rurales y campesinas que dependen del diésel para transporte y producción agrícola.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), denuncia “represión militar” y acusa al Gobierno de intentar criminalizar el movimiento indígena.
El reciente ataque a la caravana presidencial en Cañar fue calificado por el Ejecutivo como intento de magnicidio, mientras que los líderes indígenas lo consideran una “provocación” y rechazan la acusación.
El Gobierno colombiano aún no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones de Loffredo, pero medios como El Tiempo han reportado que Comandos de la Frontera y ELN operan en zonas fronterizas con Ecuador, lo que podría escalar tensiones diplomáticas.
En Perú, autoridades locales han expresado preocupación por el avance de mafias ecuatorianas como Los Choneros en territorio peruano, especialmente en la región Amazonas.
