Puntos destacados:
- En medio de un clima de creciente represión institucional en El Salvador, más de 130 periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y líderes comunitarios han abandonado el país desde 2020, según cifras presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Entre mayo y julio de 2025, se han registrado al menos 80 salidas preventivas, muchas de ellas motivadas por amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias y la entrada en vigor de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros.
- Este fenómeno ha sido documentado por organizaciones como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, Asociación de Periodistas de El Salvador, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
En medio de un clima de creciente represión institucional en El Salvador, más de 130 periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y líderes comunitarios han abandonado el país desde 2020, según cifras presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Solo entre mayo y julio de 2025, se han registrado al menos 80 salidas preventivas, muchas de ellas motivadas por amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias y la entrada en vigor de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros que replica modelos restrictivos de países como Nicaragua, Rusia y Venezuela.
Este fenómeno ha sido documentado por organizaciones como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, Asociación de Periodistas de El Salvador, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Todas coinciden en que el cierre del espacio cívico ha convertido el exilio en una estrategia de protección ante un aparato estatal que utiliza el sistema penal para castigar la disidencia, según Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana.
El presidente Nayib Bukele defiende la Ley de Agentes Extranjeros como un mecanismo para “transparentar los fondos” y evitar injerencias extranjeras.
Entre las detenciones recientes más emblemáticas figura la de Ana Ruth López, abogada anticorrupción de Cristosal, ONG creada por obispos anglicanos hace 25 años. También la del abogado constitucionalista Enrique Anaya.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha justificado las detenciones de López y Anaya por delitos como peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desórdenes públicos. En el caso de Ana Ruth López, la Fiscalía la vinculó con irregularidades durante la gestión del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas
La activista fue enviada a un centro penitenciario. Exactamente los mismos penales en los que su organización Cristosal, ha documentado cientos de casos de tortura.
Su captura detonó la salida de todo el equipo de Cristosal hacia Guatemala y Honduras, según declaró Noah Bullock, director de esta ONG creada por obispos anglicanos hace 25 años.
En el ámbito periodístico, Jorge Beltrán Luna, del periódico El Diario de Hoy, abandonó el país tras recibir advertencias de captura por investigar corrupción. Víctor Peña, fotoperiodista del periódico digital El Faro, huyó luego de que la Fiscalía preparara órdenes de captura contra siete periodistas del medio.
Mónica Rodríguez, periodista comunitaria, se exilió tras el allanamiento de su vivienda y la confiscación de sus equipos.
También salió del país, Angelica Cárcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes).
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al menos 40 periodistas han salido del país en los últimos meses. La gremial denuncia un patrón de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias, incluyendo espionaje con el software Pegasus, vigilancia física y campañas de descrédito.
El presidente Bukele asegura que existe un ataque orquestado contra su gobierno.
Durante la audiencia reciente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado salvadoreño se ausentó, alegando que el título de la sesión contenía “un sesgo inherente” y que los señalamientos eran “especulativos y no comprobados”. La comisionada Andrea Pochak lamentó la ausencia y cuestionó el compromiso del gobierno con los derechos humanos.
Mientras tanto, organizaciones internacionales alertan que el exilio tiende a convertirse en una condición permanente en El Salvador, transformando la estructura del movimiento de derechos humanos y del periodismo independiente.
