En este boletín:
- Defensores de los derechos humanos expresan su preocupación por el controvertido plan de deportación de Nauru.
- Anthony Albanese habla con Donald Trump en un intercambio de llamadas telefónicas en la noche.
- El Consejo Australiano de Servicios Sociales afirma que los esfuerzos del gobierno federal por cobrar por las solicitudes de acceso a la información pública podrían repetir el robodebt.
Defensores de los derechos humanos criticaron al gobierno federal por apresurar la aprobación de nuevas leyes de deportación en el parlamento ayer.
La legislación forma parte de los esfuerzos del gobierno para resolver el dilema legal del grupo NZYQ: alrededor de 280 extranjeros liberados de detención migratoria de larga duración como resultado de una decisión del Tribunal Superior en 2023.
La semana pasada, el ministro del Interior, Tony Burke, llegó a un acuerdo de deportación con Nauru, por un valor de hasta 2.500 millones de dólares a lo largo de 30 años, para allanar el camino a su deportación.
Jana Favero es la directora ejecutiva del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo.
Ella afirma que el proyecto de ley de deportación del Partido Laborista tiene motivaciones políticas.
"Puede que hayan cometido delitos, pero todos han cumplido su condena. Además, las personas nacidas en Australia también han cometido delitos y no se enfrentan a la misma deportación. Nos referimos a personas que tienen familiares e hijos con ciudadanía australiana. Nos referimos a algunas personas que cometieron un delito hace una década; han sido deshumanizadas simplemente con fines políticos".
###
El Consejo Australiano de Servicios Sociales afirma que los esfuerzos del gobierno federal por cobrar por las solicitudes de acceso a la información pública podrían aumentar la probabilidad de que se repitan abusos como el robodebt, si se aprueba.
La directora del Programa de Seguridad Social, Charmaine Crowe, afirma que la comisión real sobre robodebt recomendó al gobierno derogar parte de la Ley de Libertad de Información que incluía una exención para los documentos del gabinete.
Afirma que el gobierno está ignorando una recomendación de la comisionada para que recaiga sobre el gobierno la responsabilidad de demostrar que existe un interés público en no divulgar información del gabinete.
"La comisionada real de robodeudas declaró en su informe que, de no haberse dado el carácter estricto de los documentos del gabinete en cuanto a su divulgación bajo las leyes de acceso a la información, como ocurre actualmente, parte de lo que ocurría con las robodeudas podría haberse revelado al público mucho antes, incluyendo el hecho de que la recomendación inicial a la ministra fue que se requería una legislación, la cual fue eliminada cuando la nueva propuesta de política pasó al gabinete para su decisión".
Ayer jueves, el gobierno acordó resolver una demanda colectiva pagando 475 millones de dólares a las víctimas del esquema ilegal de robodeudas de la Coalición.
Robodebt utilizó sistemas automatizados para recuperar agresivamente las deudas de los beneficiarios de la seguridad social, muchas de las cuales no debían.
###
El primer ministro Anthony Albanese habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica nocturna.
Ambos hablaron sobre comercio, minerales críticos y seguridad, entre otros temas.
Albanese aún no se ha reunido en persona con Trump desde que el presidente estadounidense fue reelegido.
Se esperaba que ambos se vieran en junio en el marco de una cumbre del G-7 en Canadá, pero la reunión se canceló debido a que Trump regresó anticipadamente a Estados Unidos.
El viceprimer ministro Richard Marles se reunió con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en Washington D.C. la semana pasada.
###
