Puntos destacados:
- Un tribunal de Guatemala ordenó la detención de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.
- Ambos abogados formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
- Bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, la Cicig desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
Un tribunal de Guatemala ordenó la detención de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, informó la Fiscalía guatemalteca al acusarlos de negociar impunidad a favor de la constructora brasileña Odebrecht.
Ambos abogados formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), órgano de Naciones Unidas que bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
El fiscal Rafael Curruchiche acusó a Velásquez y Camargo de haber aprobado en 2017 acuerdos anómalos con ejecutivos de la constructora Odebrecht que generaron al Estado de Guatemala pérdidas por más de 3.000 millones de quetzales equivalentes a 400 millones de dólares.
El caso Odebrecht en Guatemala forma parte de una red internacional de corrupción que pagó sobornos por parte de la constructora brasileña en al menos 12 países de América Latina a cambio de contratos millonarios de obra pública.
En el caso guatemalteco, en 2017 fue detenido el exministro de Comunicaciones e Infraestructura y excandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, quien habría recibido personalmente sobornos de 9 millones de dólares. En su testimonio involucró a 108 exdiputados del Congreso de Guatemala.
Sin embargo, Sinibaldi amplió su declaración y denunció a exintegrantes de la Cicig.
El fiscal Curruchiche abrió una nueva investigación denominada Acuerdos Fraudulentos, en torno a los convenios de colaboración eficaz firmados por la comisión con exdirectivos de Odebrecht.
Mientras, el Gobierno de Guatemala rechazó “enfáticamente las órdenes de captura giradas por el Ministerio Público.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, indica el comunicado.
Además, la fiscal Camargo recordó que durante su labor en Guatemala gozaba de inmunidad porque la Cicig era una entidad patrocinada por la ONU.
Por pedido de la Fiscalía de Guatemala, el tribunal también ordenó el arresto de la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana y otros cinco exfiscales en el exilio como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano.
Mientras Iván Valásquez criticó en su cuenta de la red social X la acusación de Curruchiche y expresó su "solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio".
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, emitió un comunicado para exigir a Guatemala respetar la inmunidad procesal respecto de los actos realizados en el desempeño de su misión en la Cicig por los abogados colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Plantea que dicha inmunidad continúa incluso después de finalizar su empleo en esta comisión antimafias nombrada por la ONU en Guatemala.
