PUNTOS DESTACADOS:
- Los casos de desaparición forzada en México entre 2024 y 2025 se duplicaron en comparación con años anteriores.
- Tras la desaparición de sus familiares, las personas pagan cuotas a funcionarios, policías o intermediarios para obtener alguna información que ayude a dar con el paradero de sus seres queridos.
- La mayoría de las desapariciones corresponden a hombres jóvenes de entre 15 y 35 años, aunque el número de mujeres desaparecidas también ha crecido, especialmente en contextos de trata, migración y violencia doméstica.
En México más de 133 mil personas han desaparecido en los últimos años, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero detrás de esta cifra no solo hay dolor y ausencia, también existe una estructura económica que convierte la desaparición en una forma de control territorial y social.
Así lo planteó el investigador Jairo Antonio López Pacheco durante la conferencia “Economías del castigo e impunidad estatal: desaparición y búsqueda en el México contemporáneo”, la cual fue impartida en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
El investigador aseguró que las “economías del castigo” generan beneficios concretos: familias que pagan cuotas a funcionarios, policías o intermediarios para obtener información; abogados, gestores y funcionarios que lucran con trámites, pruebas de ADN, peritajes y promesas de justicia; desapariciones que permiten reconfigurar rutas de tráfico, extorsión y explotación laboral; y una administración del miedo que facilita el control político y económico de comunidades.
El incremento de la desaparición forzada en México entre 2024 y 2025 duplicó el ritmo de años anteriores, con una concentración alarmante en estados como Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.
El perfil de las víctimas muestra patrones estructurales: la mayoría son hombres jóvenes entre 15 y 35 años, aunque el número de mujeres desaparecidas ha crecido de forma sostenida, especialmente en contextos de trata, migración y violencia doméstica.
También se han documentado desapariciones de defensores comunitarios, periodistas, migrantes en tránsito y personas en situación de pobreza, así como parientes de activistas por los derechos humanos.
El informe y los testimonios de colectivos de búsqueda coinciden en que las desapariciones no solo están relacionadas con el crimen organizado. Existe una participación documentada, directa o por omisión, de agentes del Estado como policías municipales, estatales y federales, elementos del Ejército y funcionarios públicos.
Según el investigador, en este sistema de economía del castigo la violencia no es un exceso, sino una herramienta funcional.
Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, el costo promedio que una familia mexicana gasta en la búsqueda de un ser querido desaparecido supera los 120,000 pesos anuales, equivalente a 6,500 dólares estadounidenses. Este gasto puede incluir traslados, asesoría legal, pruebas genéticas, alimentación, hospedaje y tiempo laboral perdido.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que su gobierno prioriza en las búsquedas.
Mientras tanto, las familias, organizadas en colectivos, han asumido la tarea de buscar, documentar y exigir justicia, enfrentando obstáculos burocráticos, amenazas y revictimización.
Según los expertos, la impunidad es el engranaje que sostiene esta economía del castigo en México. Menos del 2 % de los casos han sido judicializados. Las fiscalías estatales operan con recursos limitados, sin coordinación efectiva con las comisiones de búsqueda ni con los tribunales.
Ante esta situación, la conferencia de López Pacheco no solo ofreció un diagnóstico, sino una invitación a pensar la desaparición como parte de un sistema que necesita ser desmontado en México.
