PUNTOS DESTACADOS:
- La reforma judicial, impulsada en 2024 por el expresidente López Obrador y ejecutada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modificó la Constitución para permitir que todos los integrantes del Poder Judicial fueran elegidos por voto directo.
- En Latinoamérica, las reacciones son mixtas: sectores progresistas de Bolivia y Colombia elogian el modelo mexicano; mientras que juristas y académicos en Chile, Uruguay y Perú han advertido que la elección popular de jueces podría politizar la justicia y debilitar su autonomía.
- El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México prometió austeridad, transparencia y una Corte “de puertas abiertas” que escuche a víctimas, pueblos originarios y sociedad civil.
Esta semana en México, 875 jueces, magistrados y ministros electos por voto popular tomaron posesión de sus cargos, en lo que el gobierno llama “una revolución democrática de la justicia”.
La reforma judicial fue impulsada en 2024 por el expresidente López Obrador y ejecutada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicha enmienda modificó la Constitución para permitir que todos los integrantes del Poder Judicial fueran elegidos por voto directo.
El objetivo de la reforma judicial, aseguraran sus impulsores, es acabar con el elitismo judicial y acercar la justicia al pueblo.
México llega a esta transformación con una tasa de impunidad superior al 90 por ciento, una profunda desconfianza institucional y una ciudadanía que, en su mayoría, no acudió a votar.
El 1 de junio anterior estaban convocados a votar 100 millones de mexicanos. Pero, solo el 13 por ciento del padrón participó en la elección judicial. Además, el uso de “acordeones” para orientar el voto también fueron señalados como irregularidades que comprometen la legitimidad del proceso.
A partir de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México será presidida por Hugo Aguilar Ortiz, de ascendencia mixteca, quien ha dedicado más de tres décadas a la defensa jurídica de pueblos originarios, litigando casos agrarios, territoriales y de sistemas normativos ante tribunales locales y federales.
En su primer discurso como ministro presidente, prometió austeridad, transparencia y una Corte “de puertas abiertas” que escuche a víctimas, pueblos originarios y sociedad civil.
Aunque Aguilar asegura no pertenecer a ningún partido político, su trayectoria institucional lo vincula estrechamente con el oficialismo. Fue parte del Congreso Nacional Indígena y colaborador en los Diálogos de San Andrés con el guerrillero EZLN, pero más recientemente fue impulsado por sectores afines a Morena. Su inclusión en los “acordeones” distribuidos durante la elección judicial y su cercanía con proyectos emblemáticos del gobierno federal han generado cuestionamientos sobre su autonomía.
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Aunque algunos tienen trayectoria jurídica sólida, su cercanía al partido gobernante ha generado dudas sobre su independencia.
La presidenta Sheinbaum estuvo presente en la instalación del pleno de la Corte, lo que fue interpretado por críticos como un gesto de subordinación institucional.
Entre los nuevos ministros del Poder Judicial de México destacan figuras como Lenia Batres, Sara Herrerías, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, todas con vínculos previos al oficialismo. Aunque cuentan con experiencia jurídica, su cercanía al partido gobernante ha generado dudas sobre su independencia.
Pero lo más preocupante, según organizaciones como Defensorxs, es que al menos seis personas electas tienen vínculos con el crimen organizado. Entre ellas, Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien asumió como jueza penal en Chihuahua. Activistas temen que esto derive en juzgados capturados por intereses criminales, aunque ha demandado a medios y activistas por difundir sus vínculos con el narcotráfico.
En la región latinoamericana, las reacciones han sido mixtas. Desde sectores progresistas en Bolivia y Colombia, se ha elogiado el modelo mexicano como un avance hacia la democratización del sistema judicial. En contraste, juristas y académicos en Chile, Uruguay y Perú han advertido que la elección popular de jueces puede politizar la justicia y debilitar su autonomía.
